El asunto de Vuelta Ostrera huele muy mal. Es un olor fétido, molesto, insalubre… que proviene de las sedes del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno de Cantabria, cuyos responsables no han sido capaces de ventilar durante más de veinte años el tufo provocado por el sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca del río Besaya que concentra parte de su mierda en la EDAR de Vuelta Ostrera. Hablo de “mierda” adrede, porque me gusta llamar a las cosas por su nombre, a pesar de que para la Real Academia Española los muchos significados que tiene esta expresión son malsonantes. Me referiré a algunos de ellos.
Denomina “mierda” la RAE al “excremento”, y también al “hecho o situación que repugna y que es susceptible de ser callado, tapado, ocultado”. Y como tal también puede ser descubierto, y sacado a la luz. En ese empeño se puso a trabajar la asociación ecologista ARCA dejando patente la ilegalidad de la construcción de la EDAR en la marisma de Cortiguera ante la ceguera irresponsable de los cargos de Medio Ambiente de la Consejería y del Ministerio con la colaboración necesaria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. ¿Es posible entender que se haya autorizado la construcción de una EDAR en zona de marisma de dominio público? Solo la soberbia de aquellos políticos nos ha traído ahora este gravísimo problema. La sentencia del Tribunal Supremo declaró nula en el año 2005 la macrodepuradora de Vuelta Ostrera y la EDAR deberá ser demolida antes de que termine el 2020. Me viene enseguida a la mente la siguiente acepción, la que significa “mandar a la mierda” a todos los que debieron tener algún tipo de condena y que siguen tan campantes, en sus puestos, aún y a pesar de que eran sabedores de que Vuelta Ostrera se estaban construyendo ilegalmente. Quizás si en su momento se hubieran pedido disculpas y se hubieran depurado (nunca mejor dicho) responsabilidades, el futuro de Vuelta Ostrera podría presentarse hoy más razonable.
Siete emplazamientos que propone el Ministerio de Medio Ambiente para ubicar la EDAR de Vuelta Ostrera cuando sea demolida.
Tal como ha sido concebido por el Ministerio de Medio Ambiente, la demolición de Vuelta Ostrera trae consigo la necesidad de construir una alternativa a la EDAR en otro lugar próximo a la desembocadura del Besaya, lo que significa que, tras la demolición de la actual depuradora en funcionamiento, y la consiguiente construcción de la infraestructura de la nueva EDAR, con nuevas estaciones de bombeo, nuevos colectores, y el posible emisario submarino para echar las aguas depuradas mar adentro, se gastarán cerca de cien millones de euros. El problema es de enorme gravedad, con consecuencias sociales, ambientales y económicas muy negativas. Sin embargo, el modelo de nuestros gobernantes es el de reproducir el mismo esquema que nos ha llevado a esta grave situación: construir una enorme depuradora y pasarle el marrón a los municipios de la desembocadura del río Besaya que, como es normal, nadie quiere ver ni oler.
Y es aquí donde al asunto alcanza caracteres de dilema universal: nadie quiere la mierda. Máxime cuando la inmundicia proviene de poblaciones, fábricas, establecimientos… que excrementan río arriba. En el debate surgido tras hacerse públicas las alternativas para la construcción de la nueva EDAR falta claridad y sobran falacias. Es falso que se esté planteando una alternativa a Vuelta Ostrera; en realidad no se está debatiendo nada, más allá de reproducir el modelo de Vuelta Ostrera, con las mismas dimensiones y los mismos procedimientos, concentrar la mierda, depurarla y echarla al mar. No, no es una alternativa. No al menos para los núcleos urbanos menores y las zonas urbanas más diseminadas que podrían tener sistemas de depuración ecológicamente más aceptables en la dirección de cumplir de forma ejemplar con la Directiva Marco del Agua. En realidad con las siete ubicaciones que se plantean para la neodepuradora de Vuelta Ostrera lo que se está haciendo no es elegir la mejor opción para depurar las aguas residuales, sino la menos mala. Entre ellas se plantean algunos lugares (como el de las canteras de Cuchía, en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Litoral) que podrían ser tan cuestionados desde el punto de vista jurídico como la actual ubicación. Cualquiera de las opciones que se han puesto sobre la mesa parece disparatada, porque es irracional que la solución al problema de saneamiento pueda consistir en demoler una depuradora en zona de dominio público para construir otra de similares dimensiones a trescientos o mil trescientos metros más allá para seguir vertiendo las aguas depuradas a la ría o al mar. De hecho, como nadie quiere la mierda, lo que están haciendo los Ayuntamientos es rechazar la opción que les toca más cerca, tal como han hecho los Ayuntamientos de Suances, Miengo y Torrelavega.
Y es aquí donde aparece la acepción que expresa contrariedad e indignación, con las consiguientes ganas de “mandar a la mierda” a alguien. No me parece serio que el futuro de la calidad del río Besaya, de la ría de Requejada, de su desembocadura, y del mar que baña sus costas se esté dilucidando en esta especie de pito pito gorgorito que se traen entre las administraciones locales, autonómicas y estatales. El futuro del saneamiento de la cuenca del Besaya, más allá de que a quien corresponda la competencia sobre sus aguas, interesa a todas las personas que viven en sus núcleos de población, y todas las Administraciones y ciudadanía debieran involucrarse de una forma más responsable, colaborativa y buscando el interés común. Entiendo que no es tarea fácil, pero no es de recibo que en todo este tiempo después de casi veinte años sabiendo que Vuelta Ostrera es ilegal e inviable, ahora sigamos por el camino del desconcierto.
Para terminar esta escatológica epístola solo me queda la última de las acepciones que nos presta la Real Academia, y es la que se entona, en este teatro de la confusión, para desear a todos nuestros actores “!mucha mierda!”.
Arboricidio.Expresión aún no incluida en el diccionario de la RAE pero que es comúnmente entendida como el asesinato o muerte de árboles, cuando se produce de forma arbitraria.
Hace años, allá por el 2013, se hizo público que la casa Garma en Castro Urdiales se iba a convertir en un hotel de lujo. Una buena iniciativa, sin duda, la de Promociones Paraíso – Inmobiliaria Izarra, que garantiza el sostenimiento de un excelente edificio. La casa Garma, en el barrio Brazomar de Castro Urdiales, es uno de los ejemplos importantes de arquitectura ecléctica de principios de siglo, con notas de arquitectura modernista, y magnífica construcción en mampostería y sillería. Un volumen muy equilibrado en lo que otrora fue una ciudad jardín ejemplar, la que se extendía desde Brazomar al casco urbano de Castro. El valor arquitectónico del edificio se realza con el jardín en el que crece una vegetación que embellece la casa y el entorno contribuyendo a conformar un medio urbano amable con la naturaleza. Así ha sido hasta hace un par de semanas.
Arboricidio. Casi siempre que se denuncia suele ser demasiado tarde. La destrucción vegetal se ha consumado. Pese a ello hay que denunciar porque no es de justicia que se destruyan irracionalmente seres vivos.
La tala de árboles urbanos, cuando se producen dentro de una propiedad, es de escasa visibilidad, y suele pasar desapercibida. Así que cuando me aproximo a la casa Garma, en su finca tan solo quedan algunas señales del estropicio. El edificio ha quedado despejado de vegetación, su jardín desnudo. Se ha matado un hermoso ejemplar de cedro (cedrus deodara) al que le costó cien años llegar a alcanzar su magnífico porte. También se ha talado un magnolio, una hermosa yuca de casi un metro de diámetro de tronco, y dos palmeras (Trachycarpus fortunei). Todos los árboles se encontraban en perfecto estado de salud, tal como atestiguan las fotos de google maps que se presentan a continuación:
Cedro y magnolio talados dentro de la propiedad de la casa Garma, próximos al paseo Menéndez Pelayo. Más atrás apenas se aprecia una yuca de gran dimensión, también talada. Foto de Google Maps antes de la tala.Foto de Google maps antes de la tala, desde la travesía lateral. Las flechas rojas señalan las dos palmeras y el cedro talados.Foto de Google Maps de una parte del jardín, antes de la tala.Foto de Google maps antes de la tala, desde la calle Menéndez Pelayo.El cedro tras la verja, y a su derecha el magnolio antes de ser talado (foto descargada de CastroPuntoRadio).
Ignoro cuál es el sentido práctico de esta barbarie, pero el resultado es un edificio y un entorno menos valioso, ecológicamente devaluado, en un escenario menos bello. La imagen de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso sale peor parada, el futuro hotel menos promocionable, y por lo tanto, la actuación además de salvaje es estúpida. La única justificación hubiera sido la enfermedad de los árboles, pero vuelvo a señalar, y así lo he consultado, nada presume enfermedad de los árboles, y si ese hubiera sido el problema es sabido que las enfermedades se tratan y los árboles curan. Por lo tanto no hay justificación posible para esta tala.
Arboricidio.También se produce cuando alguien corta árboles de su propiedad.
Hay una creencia bastante extendida que por la que se considera que a los árboles les podemos dar matarile siempre que sean de nuestra propiedad. Nada de eso. Para talar un árbol lo primero que hay que hacer es pedir permiso al Ayuntamiento para obtener la licencia, quien debe examinar si el árbol está o no protegido, y las condiciones para poder llevar a efecto la tala. Ignoro si Promociones Paraíso solicitó tal permiso, pero si ha sido así, alguien ha metido la pata por concedérselo, y si no, espero que el Ayuntamiento le abra un expediente al promotor y sancione convenientemente si a ello hubiere lugar. Solicitaré al Ayuntamiento que actúe en consecuencia. (Abro un paréntesis para mostrar mi perplejidad por el hecho de que este comportamiento no haya llamado todavía la atención de nadie, tampoco del departamento de Urbanismo que tiene sus despachos a cien metros del lugar de los hechos).
Los árboles de la casa Garma estaban protegidos por el Plan General
La tala de árboles está regulada entre las actividades que deben someterse a licencia (art. 1.1.n de la ordenanza municipal de licencias urbanísticas), por lo tanto este es un hecho que no debiera escapar al control de nuestras autoridades municipales.
Se da la circunstancia que la casa de Garma, al ser un edificio protegido, también está protegido su jardín. Así lo dice el PGOU en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico que en su memoria señala que además de protegerse el edificio también se protege la parcela:
Es decir, está protegido el edificio con el arbolado y la jardinería existente sobre ella. Pero por si acaso no queda claro que los árboles de los edificios singulares están protegidos, veamos lo que dice la propia ficha del Catálogo del PGOU, en relación a las obras permitidas: “se deberá respetar el arbolado existente, y el cierre de la finca”.
Por lo tanto, la tala de los árboles de la finca de la Casa de la Garma, propiedad de Promociones Paraíso es, además de un acto contrario a las buenas costumbres, una infracción urbanística que debe tener consecuencias.
Imágenes de la tala el 12 de enero de 2018 (fotos descargadas de CastroPunto Radio):
El cedro del Himalaya talado en dos tiempos. Antes de ser eliminado definitivamente nos deja la imagen de un monolito, la del culto a la estupidez.
La finca tras tala, el 3 de marzo de 2018:
Arboricidio. Denunciarlo para que no vuelva a suceder nada parecido.
Este no es el primer arboricidio producido en Castro Urdiales. Pero espero que sea el último tan grave y flagrante. Para ello es menester que nuestras autoridades se ocupen de dar a los árboles urbanos la importancia que tienen para el bienestar de las personas y de los animales, para mejorar la calidad de vida del ecosistema urbano.
El lunes EQUO Cantabria presentará denuncia formal al Ayuntamiento solicitando se abra un expediente sancionador, y que se reparen los daños.
Los Ayuntamientos tienen a su disposición la posibilidad de elaborar catálogos de protección de nuestro arbolado de interés. De hecho en Castro, hace una década, se elaboró uno muy concienzudo que no sé dónde narices duerme. Pero no solo a los Ayuntamientos compete el cuidado del arbolado urbano. Hay comunidades autónomas (por ejemplo, Madrid) que han legislado sobre protección del arbolado urbano. El grupo parlamentario Podemos, lo intentó hace un año en Cantabria (con la colaboración de ARCA), pero su iniciativa para legislar sobre arbolado urbano fue rechazada por todos los grupos del parlamento autonómico. Se decía, entre otras, que la ley regional podría invadir competencias municipales, lo cual es una tontería mayúscula.
El caso es que el arbolado urbano, a pesar de su importancia para nuestras vidas, está desprotegido. Espero que, tras este alegato, un poco menos.
Juantxu Bazán, 3 de marzo de 2018.
ADENDA (escrito de 6 de marzo de Equo Cantabria solicitando al Ayuntamietno de Castro Urdiales la apertura de expediente de restauración de la legalidad):
Información obtenida en periodo de información pública en la Dirección General de Urbanismo, el 30 de noviembre de 2016, en el que pude ver la documentación que acompaña al Informe Ambiental Estratégico y fotografiar algunos documentos que lo acompañan:
Estos son los planos que definen las características de la recalificación de la parcela de la Fábrica de Lolín:
Antes de seguir conviene aclarar que lo que persigue el CONVENIO LOLÍN es el MODIFICADO DEL PLAN GENERAL Nº 23. Las características del proyecto de modificado no han sido publicadas en la web municipal a pesar de haberse reclamado insistentemente por mi parte. De hecho la falta de información y transparencia ha sido una de las alegaciones que se han planteado en periodo de alegaciones.
El 5 de enero de 2017 doy a conocer las características del MODIFICADO PUNTUAL Nº 23 DEL PGOU. Conocido el proyecto, escribo opinando sobre esta operación y sobre la forma en la que se acomete el Urbanismo en Castro Urdiales. Estos son los enlaces en los que escribo sobre el Convenio Lolín:
Conocido el texto inicial del Convenio (el texto definitivo apenas sufre correcciones) presento junto a mis compañeros de EQUO Cantabria escrito de alegaciones. También
Escrito dirigido al Ayuntamiento en relación con el pago del sobrante vendido por el Ayuntamiento a Anchoas Lolín en 1997 a través de una compensación sobre la base de una supuesta subvención del Ayuntamiento a la Fábrica de Anchoas sobre la que no existe ningún expediente administrativo en el Ayuntamiento:
CastroVerde, alternativa verde de Castro Urdiales, renuncia a su ideario verde y su programa electoral para no saber adónde va. En el programa electoral que llevó al poder a CastroVerde se pactó con la ciudadanía el siguiente programa:
URBANISMO: Regenerar la política urbanística. En las últimas décadas, Castro ha tenido un caótico desarrollo urbanístico con consecuencias muy negativas para los ciudadanos y para su calidad de vida, por lo que es preciso un impulso político decidido para reconducir la situación. Pondremos en marcha medidas que conduzcan a una regeneración de la política urbanística de nuestra ciudad:
(…)
Comenzar a trabajar en un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fruto de la participación y el consenso entre ciudadanos, políticos y técnicos.
Más sobre el programa electoral:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: La guía que nos marca el camino para CastroVerde la participación ciudadana y la transparencia en la gestión no son conceptos grandilocuentes vacíos de contenido, sino que constituyen la guía esencial que nos marcará el camino que recorreremos. Consideramos fundamental reducir la lejanía ciudadano institución que percibe la mayor parte de la sociedad implicando a los ciudadanos en la toma de decisiones que van a afectar el futuro del municipio.
(…)
Diseñar un proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
No hay nada de esto, ni comienzo de Plan General, ni participación, ni leches.
Nada anuncia que se vaya a producir una regeneración en la política urbanística, más bien sucede lo contrario. Se reproducen los mismos clichés que llevaron al urbanismo a un callejón sin salida. No hay tal regeneración, lo que hay es continuismo, en los planteamientos y en los métodos. Así lo he podido comprobar en los hitos que a mí me parecen deberían haber significado otra forma de hacer las cosas en el Urbanismo:
Convenio firmado con EROSKI que soporta una gasolinera en zona inundable. Negociado exclusivamente con el empresario. Sin proceso de participación ciudadana.
Convenio firmado con Conservas Lolín para modificar el Plan General y recalificar la fábrica de anchoas. Modificado del P. G. nº 23. Negociado exclusivamente con el empresario. Sin proceso de participación ciudadana. Actualmente en periodo de Información Pública.
Modificado nº 22 del P. G. para vincular la construcción del depósito del monte Cueto a los suelos urbanizables de La Loma. Sin proceso de participación ciudadana. Actualmente en periodo de Información Pública. Pendiente de contestar Alegaciones y de aprobación definitiva.
En la pasada legislatura, CastroVerde, en la oposición, insistió una docena de veces al anterior equipo de gobierno sobre los trabajos de Revisión del Plan General, hace años abandonados, y todos nos mosqueamos mucho con las declaraciones del anterior concejal de Urbanismo (PP) que decía que “no le interesaba avanzar con ello y que tenía problemas más importantes que el Plan General”. No es de recibo que un concejal de Urbanismo diga que tiene problemas más importantes que el Plan General, porque en materia de Urbanismo nada hay más importante para un municipio que el Plan General. Así lo hizo saber CastroVerde a la opinión Pública:
Ante este anuncio, CastroVerde quiere manifestar su preocupación por la falta de interés que el equipo de gobierno exhibe ante un tema crucial para el municipio como es el Plan General de Ordenación Urbana, principal instrumento de ordenación urbanística que debe definir la ciudad que queremos y planificar servicios, dotaciones y, en definitiva, el Castro Urdiales del futuro.
Hago mías las palabras de CastroVerde para decir que “quiero manifestar mi preocupación por la falta de interés del equipo de gobierno (el actual) ante un tema crucial para el municipio como es el Plan General de Ordenación Urbana, principal instrumento de ordenación urbanística que debe definir la ciudad que queremos y planificar servicios, dotaciones y, en definitiva, el Castro Urdiales del futuro”.
Dos años para iniciar el Plan General, dos años para diseñar un modelo de participación para su elaboración… Nada. Ni hay Plan General, ni nada que lo anuncie.
CastroVerde si está haciendo algo digno de ser valorado: intentar solucionar el grave problema del agua de los vecinos de La Loma. Un marrón que dejaron las anteriores corporaciones (y los promotores del SUNP-3 que han desaparecido dejando a su suerte a los vecinos) y en el que el equipo de gobierno ha mostrado su máxima preocupación e interés. Pienso que esta preocupación sincera para solucionar el problema del agua de los vecinos, debería ir acompañado por una preocupación igual de sincera con su programa electoral para poner en marcha el Plan General. Gobernar significa eso, ocuparse de las cosas urgentes e inmediatas que afectan a los vecinos, y de las cosas importantes que afectan al futuro de este municipio, es decir, ocuparse del Plan General.
El Pleno de la Corporación con el apoyo de (CV, PSOE y PRC) ha aprobado inicialmente el modificado del P. G. nº 22 con el solemne título que no deja lugar a dudas: MODIFICADO PUNTUAL Nº 22 DEL PLAN GENERAL QUE TIENE COMO OBJETO LA VINCULACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA PREVISTO CONSTRUIR EN SUELO AFECTADO POR EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MONTE CUETO A LOS SUELOS URBANIZABLES DE LA LOMA SUNP-3, SUNP-4, SUNP-7 y SUNP-12. Es decir, el depósito del monte Cueto para solucionar los problemas del agua del SUNP-3 pero que de paso también permitirá los desarrollos urbanísticos que para CastroVerde significaron caos, y que había que regenerar, y bla, bla, bla… Desarrollos urbanísticos que para mí se planificaron sobre la falacia, la mentira, la irresponsabilidad, y sobre los que asoma la sombra de la corrupción urbanística. Creo sinceramente que CastroVerde, queriendo solucionar el problema del agua de los vecinos, su política urbana hace agua, peor aún, se ahoga sin salvavidas ni asideros que puedan ponerla a flote.
Foto de Podemos en la que se muestra una alternativa a la construcción del depósito de La Loma, y en su lugar planear el abastecimiento de agua a los vecinos de La Loma (SUNP-3); en la foto se rotula la ubicación de los suelos urbanizables aún sin desarrollar entre La Loma y Santullan (SUNP-4, SUNP-7 y SUNP-12).
La única participación que la ciudadanía hemos tenido en este proceso ha sido a través del trámite de Información Pública, en el que he presentado Escrito de Alegaciones. En él hago reflexiones sobre política urbana, sobre planificación urbanística, sobre participación ciudadana… y también cuestiono la legalidad de este modificado que me parece muy mal armado en su justificación, ilegal en el procedimiento utilizado (no tocan ya más modificaciones, lo que toca es hacer la Revisión del Plan General, digo de forma insistente), y un error que mi me parece abultado: no hay Memoria de Sostenibilidad Económica que justifique una inversión tan cuantiosa para el Ayuntamiento. En el escrito me posiciono claramente por la necesidad de la REORDENACIÓN DE LOS SUELOS URBANIZABLES DE LA LOMA (a través de la Revisión del Plan General, naturalmente), a no ser que queramos seguir alfombrando de chalés y adosados entre La Loma y Santullán, como si no se hubiera aprendido nada de lo sucedido con el Urbanismo en Castro Urdiales.
Juantxu Bazán, 9 de abril de 2017.
Documentación del modificado nº 22 del P. G (incluye memoria elaborada por los SS. TT.:
En la primera entrega Recalificación urbanística de la fábrica de Lolín (capítulo 1º) en el que se reflexiona sobre el dilema entre el interés privado y el interés público y sobre la obligación de cumplir con lo prometido hablaba de la filosofía que entraña esta operación de recalificación urbanística, una operación que desde mi punto de vista es contraria al interés general. Este artículo ha recibido 510 visitas entre el 6 y el 12 de enero. Durante ese mismo periodo esta cuestión no ha sido tratada en los medios de comunicación locales. Es a través de las redes sociales donde ha habido cierta repercusión. Debo seguir ahora con el segundo capítulo en el que es importante entrar en las cuestiones jurídicas que afectan a esta operación empezando por analizar una cuestión previa de enorme importancia.
Jesús Gutiérrez al ser concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales no puede hacer convenios urbanísticos con el propio Ayuntamiento.
Tal y como anunció su promotor, Jesús Gutiérrez, para que el traslado de la fábrica de anchoas sea viable y se recalifique su solar como zona comercial es necesario tramitar un modificado del Plan General de Ordenación, y tal modificado será resultado de la firma de un convenio urbanístico entre la propiedad y el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Ya avisé en su momento de mi extrañeza de que esto pudiera llevarse a efecto teniendo en cuenta que el promotor resulta ser concejal, portavoz del PRC, y la concejalía de Urbanismo está en manos de CastroVerde, partido que alcanza el poder municipal para contribuir a otra forma de gobierno, y para hacer posible otro urbanismo. La cuestión es si es éticamente admisible y jurídicamente posible que un concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en nombre de la empresa de la que es propietario y administrador, pueda hacer un convenio urbanístico con el propio Ayuntamiento. Es una cuestión de tal importancia que espero no haya pasado desapercibida al equipo de gobierno, y al concejal de Urbanismo, y entiendo que el Ayuntamiento debe evacuar informes antes de asumir decisiones sobre las que tenga que dar marcha atrás.
Mi respuesta es que no, y lo digo con convencimiento, siempre a salvo de respuesta mejor fundada en derecho. Jesús Gutiérrez, dueño de su empresa, está en su derecho de hacer negocios con el Ayuntamiento de Castro Urdiales siempre respetando la ley. Pero el concejal del PRC Jesús Gutiérrez no debe hacer contratos con el Ayuntamiento del que es cargo electo, no debe por su manifiesto conflicto de intereses, y porque su presencia como cargo político, concejal del Ayuntamiento, condiciona sin duda la postura del propio Ayuntamiento en el que ocupa una posición de ventaja. No basta con que se abstenga en los órganos o comisiones en los que haya un posicionamiento sobre este asunto; es más simple, no puede contratar: ni puede venderle una caja de latas de anchoas al Ayuntamiento, ni mucho menos hacer un convenio urbanístico de la envergadura que estamos hablando, y que consiste en recalificar el solar que ocupa la fábrica de anchoas Lolín (que pasaría del uso industrial a comercial), para implantar en ese lugar un futuro centro comercial, una recalificación que implica la obtención de 2.479 m2 de más suelo construido del que ahora dispone actualmente la fábrica. Aclaro para quien no lo sepa que los convenios urbanísticos son contratos administrativos, y entre todos los tipos de contratos que se pueden hacer con un Ayuntamiento es seguramente en este ámbito, el de la recalificación urbanística, en el que hay que cuidar algo más que las apariencias. Jesús Gutiérrez debió optar: o se es concejal, o se hacen negocios con el Ayuntamiento, pero no se pueden ser o hacer ambas cosas a la vez.
Hasta aquí las consideraciones éticas. Las consideraciones jurídicas van por el mismo camino. La legislación española recoge los supuestos de incompatibilidad y conflicto de intereses de los cargos de la Administración. El precepto más claro lo establece la Ley de Contratos del Sector Público en cuyo art. 60.g establece la prohibición de contratar con las administraciones públicas de los cargos electivos, extendiendo tal prohibición a las empresas en cuyo capital participen, y a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y cuñados. Por lo tanto, siendo Jesús Gutiérrez, concejal, y al mismo tiempo dueño y administrador de las empresas Notna S. L. y Anchoas Lolín S. L. no puede firmar este convenio a no ser que renuncie a su condición de concejal.
Digo esto aclarando que no tengo ninguna animadversión hacia Jesús Gutiérrez a quien considero una persona agradable y educada con la que siempre he tenido un buen trato. Tal como defendí en mi primera entrega, esta operación urbanística merece mi interés porque sea quien sea su promotor es un gran error, y encierra algunas de las perversiones que recuerdan la calamitosa forma de hacer urbanismo en nuestra ciudad, y defiendo que la misma es perjudicial para el interés público. Por lo tanto hay que continuar para tratar de desentrañar aspectos muy oscuros en el fondo del asunto.
El extraño agrandamiento de la fábrica de Lolín delata una apropiación de suelo público.
No puede pasar desapercibido que el autor del proyecto de Modificado del Plan General nº 23 que sustenta esta operación sea Javier Leonardo, de la empresa de ingeniería DIRSUR. Javier Leonardo, ingeniero de caminos, fue director del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales aprobado en diciembre de 1.996. El ingeniero de caminos que redacta el proyectode la fábrica de Lolín es Antonio Martínez Alonso, miembro del estudio de ingeniería DIRSUR. El proyecto se tramita como una reforma de la fábrica de Oleotécnica, sin embargo el volumen se sobrepasa con creces del edificio original, un edificio con una fisonomía que siempre llamó la atención. Un amigo me decíaentlnces: “Esta fábrica que parece un hotel terminará siendo un hotel… al tiempo”. Bueno, no parece que vaya a terminar siendo un hotel, pero si puede terminar siendo un centro comercial. En aquel proyecto de 1.996 se reconoce una parcela de 5.343 m2. El caso es que en la memoria del proyecto de Modificado del P. G. nº 23 que da forma a esta operación se dice que la parcela de la fábrica es de 5.538 m2 pero a continuación añade que “sin embargo es preciso llamar la atención sobre el hecho de que la cartografía en la que está dibujado el Plan General data de los años 80 y por tanto es bastante inexacta ya que los accesos a la autovía no estaban realizados por lo que el PGOU recoge el proyecto y no lo realmente construido”(…)”la parcela tiene según medición topográfica reciente 6.178 m2”(…) “Es preciso llamar la atención como los errores cartográficos provocan una diferencia de superficie de 600 m2.”Es decir, el director del Plan General reconoce, ahora trabajando para un particular, los errores cartográficos sobre los que asentó en Plan General. Increíble. Y además falso. Para demostrarlo merece la pena hacer una reconstrucción gráfica de este misterioso agrandamiento de la parcela de la fábrica Lolín. Para ello merece la pena tirar de archivo, y hacer una reconstrucción de su evolución:
En la imagen puede observarse en seis instantáneas la evolución de la parcela y la delimitación de la calificación que ocupa la fábrica de Lolín, una evolución en la que se aprecia el aumento de ocupación de la parcela y el aumento de la edificabilidad. En la primera se observa la ocupación de la antigua fábrica de Oleotécnica antes de ser comprada por Anchoas Lolín S. A. que también adquiere las parcelas de las dos casas contiguas. Cuando se redacta el Plan General la primera idea que se plantea, es decir, la que figura en el avance de planeamiento que se hizo público (imagen 2), el planificador previó la cesión de espacios en el entorno de la fábrica como zona verde que luego, en el plan aprobado definitivamente (imagen 4) desaparecieron. Curiosamente en el proyecto encargado meses antes y en el que participa un técnico del equipo DIRSUR que redacta el Plan General se reducen considerablemente las cesiones de zonas verdes y espacios peatonales (imagen 3), y en el Plan General aprobado definitivamente se reducen aún más (imagen 4). Un conflicto de intereses manifiesto que se desplaza a favor del promotor perjudicando la cesión de espacios públicos. En cualquier caso, la previsión del Plan General aprobado, y vigente actualmente (imagen 4) es la de ceder un espacio peatonal que nunca se concretó en la realidad y que queda diferenciado del espacio rayado. La realidad (imagen 5) es la de la ocupación más allá del suelo calificado industrial, ocupando finalmente la fábrica el suelo que debió ser peatonal. En la imagen 6, la del centro comercial, se consolida esa ampliación de suelo industrial de facto y contraria al Plan General.
Lo cierto es que no hay errores de topografía ni cartografía, o al menos no son tan apreciables como los que se dicen. La parcela de la fábrica era y ha sido siempre similar a 5.538 m2. Según el registro de la propiedad es de 5.666 m2. ¿Cómo es posible que entonces haya engordado la parcela hasta 6.178 m2? Pues porque en ella se han incluido más suelo del que pertenece a la propiedad, concretamente se ha incluido suelo público. Lo primero que apreciamos es que se incluye como propiedad de Lolín una porción de terreno que corresponde al espacio peatonal y viario que no se cedió en el momento de construir la fábrica. Alguien cometió un error muy grave (por decirlo de una forma amable) y no obligó a la propiedad a respetar las cesiones correspondientes tal como señala el plano del Plan General. La tapia de la fábrica se levantó más allá de los lindes de su propiedad y dentro de la fábrica hay suelo peatonal. Una negligencia incomprensible de los servicios técnicos delante de las narices del director del Plan General.
Sin embargo, si seguimos rascando en esta realidad nos topamos con que el asunto es aún más grave. Los 6.178 m2 que se atribuye la propiedad incluyen suelo de propiedad municipal. No puedo precisar la cantidad pero estimo en al menos 600 m2 la porción de suelo que formaba parte del talud de la antigua vía de ferrocarril de Castro Traslaviña cuyo trazado pasaba por la actual calle Leonardo Rucabado que ahora linda con la fábrica. El suelo que formaba parte del ferrocarril y que a finales del siglo XIX fue expropiado a particulares (en este caso fue siempre municipal pues formaba parte de las campas de san Pelayo y san Antonio pertenecientes al Ayuntamiento) fue comprado en el año 1.974 por el Ayuntamiento de Castro Urdiales a la FEVE siendo alcalde precisamente Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín” en la que fue una magnífica operación que supuso un considerable aumento del patrimonio municipal en suelo. En la planimetría que fue elaborada entonces por el aparejador municipal se observa con absoluta claridad:
En la imagen superior tenemos a la izquierda un croquis que representa la vía de Castro-Traslaviña. Se muestra con el talud dibujado a ambos lados de la vía en una zona en la que la vía del ferrocarril separaba las campas de san Pelayo (que posteriormente se destinaría para hacer el colegio de Formación Profesional Dr. Zapatero) y la campa de san Antonio que en el año 1.952 sería subastada para adjudicarse a la fábrica REGRASA que más tarde se denominaría OLEOTÉCNICA y sobre la que se construyó la fábrica de anchoas Lolín. Tanto la vía como los terrenos que ocupan sus taludes pasan al organismo estatal FEVE cuando el ferrocarril entra en desuso a mediados de los años sesenta. En 1.974, el Ayuntamiento de Castro Urdiales, siendo alcalde Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín” compra al FEVE las propiedades del trazado de la vía de Castro-Traslaviña y Castro-Alén. En la imagen de la derecha se observa la delimitación de la parcela según plano levantado por el aparejador municipal y que formó parte del expediente de compraventa y que se inscribieron en el registro de la propiedad. En ese tramo se señala una subparcela de 2.405 m2. En amarillo se subraya el espacio que puede estimarse es apropiado por la parcela de la fábrica.
Así pues, este asunto, más allá de su necesaria enmienda, es de suma gravedad y va mucho más allá de una discutible recalificación urbanística. Lo es porque se descubre una apropiación de espacio público, por lo tanto lejos de pretender agrandar la propiedad debe procederse a lo contrario, es decir, a respetar las alineaciones del Plan General y devolver el suelo usurpado. En el próximo gráfico, el que se reproduce en la memoria del borrador del modificado del Plan General nº 23 elaborado por Javier Leonardo (DIRSUR) se señala el suelo público ilegalmente ocupado:
En esta imagen se reproduce la nueva topografía que recoge el agrandamiento de la fábrica en relación con el suelo industrial calificado por el Plan General. La zona que se subraya en verde fosforito y naranja corresponden a los espacios públicos sustraídos, la mayor parte pertenecientes al suelo de propiedad municipal comprado a la FEVE y que formaban parte del talud que lindaba con la fábrica Oleotécnica. El de color naranja (aproximadamente 300 m2 es suelo de propiedad municipal calificado como industrial que tendría que haber participado como un propietario más el aprovechamiento urbanístico, y el trazo de color amarillo fosforito es zona peatonal que no ha sido respetada en las cesiones. Estimo que en total son más de 600 m2 a salvo de una mejor medición.
Error, negligencia, falta de control… necesito hacer un esfuerzo de contención. El caso es que la figura clave en toda esta historia, vuelvo a insistir es Javier Leonardo, ahora contratado para dar forma con este modificado que coloca bajo sospecha de fraude a esta operación urbanística que parte de un extraño y torpe agrandamiento de la parcela a costa del espacio público que pertenece al común de la ciudadanía.
Exceso de edificabilidad y aprovechamiento con una planta de más.
El futuro centro comercial amplía considerablemente la superficie edificada de ocupación de la parcela pasando de los 3.313 m2 que ocupa ahora el edificio de la fábrica de anchoas, a los 4.874 m2 que ocupará el futuro centro comercial. Ello implica un incremento del porcentaje de de ocupación de la parcela del 60% al 88%. Las normas urbanísticas del P. G. establecen un porcentaje de ocupación del 65% (capítulo X.9.8 de las normas urbanísticas del PGOU) por lo que el nuevo centro comercial proyectado sería ilegal.
El nuevo centro comercial ocupa el 88% de la parcela, aumentando en un 28% la ocupación de la parcela de la fábrica. Sin embargo, las normas urbanísticas del Plan General permiten un máximo de ocupación de la parcela del 65%.
En cuanto a la edificabilidad vuelve aparecer otra cuestión que me deja bastante perplejo. Según el Plan General en suelo productivo de grado 2 el coeficiente de edificabilidad es de 0,70 m2/m2, sin embargo la fábrica de Lolín según el plano tiene las alineaciones y alturas prefijadas, algo que es perfectamente ajustado al Plan General (apartado 2 del capítulo X.9.9 de las normas urbanísticas del P. G.), por lo tanto la edificabilidad se amplía según lo indicado en dicho plano. Lo extraño es que según el plano del P. G. las alineaciones se corresponden más o menos con el edificio construido, pero el nº de plantas no. El Plan General establece tres plantas, es decir, baja más dos, y en su lugar se han construido cuatro plantas, baja más tres, una planta de más. Ninguna otra fábrica del municipio, ni ninguna de las superficies comerciales (Eroski, Netto, Lidl, Dia) ha tenido este tipo de prerrogativas que ahora se trasladan al futuro centro comercial que, según mis cálculos, alcanzará una edificabilidad de 3,12 m2/m2 y 15.454 m2 de espacio construido (un exceso de 5.515 m2).
Esto que es una ilegalidad (otra más) que no fue advertida por los servicios técnicos municipales en el momento de dar la licencia se traslada ahora al nuevo centro comercial, algo que es contrario a derecho, pues las infracciones urbanísticas graves en modo alguno deben consolidarse con la nueva recalificación enterrando una actuación negligente, la del Ayuntamiento, que en su momento debió actuar.
El nuevo centro comercial amplía la ocupación de la planta baja y primera, y mantiene las alturas de la edificación de la fábrica. Pero esta ya tenía una altura de más: cuatro en vez de tres.En el cómputo general, si damos por buenas las tres plantas que son acordes al Plan General, la edificabilidad resultante sería de 3.313 x 3 = 9.939 m2. Sin embargo la edificabilidad que resulta de la propuesta de modificado del P. G. es de 15.454 m2, por lo que se produce un exceso de 5.515 m2 de suelo construido que no tiene ninguna justificación. Hay que recordar que el modificado que se propone es de uso industrial a comercial, pero la edificabilidad no puede variar, a no ser que queramos hacer unas normas urbanísticas a la carta, algo que no puede bendecirse si quiera por un convenio urbanístico. Ya sé que esto es muy prolijo para la mayoría de los lectores, pero hay que decirlo.
Termino. No sé cuál será el devenir de este asunto. Su promotor tenía bastante claro que el proceso de negociación con el Ayuntamiento estaba suficientemente avanzado y en breve se iba a proceder a la firma del convenio urbanístico. Ya dije hace unas semanas que asistimos a una convenio oneroso para los intereses muncipales porque si se eligiera otra forma de planificar seguro que se derivarían mejores resultados para el interés público. Pero es que ahora sabemos que este convenio encierra irregularidades que avisan de responsabilidades penales para quien lo sostenga o siga cerrando los ojos a lo que aquí se denuncia.
Hace ya más de un mes fue presentado por su promotor, Jesús Gutiérrez, el proyecto de traslado de la fábrica de anchoas Lolín de Brazomar al polígono Industrial de Vallegón, una operación que no ha sorprendido a nadie pues ya hace años que lleva urdiéndose y a la que solo faltaba darle forma y encaje. Quizás lo sorprendente es que la misma adquiera publicidad en un momento en el que su promotor es concejal del Ayuntamiento, portavoz del grupo PRC en la oposición, y que se transmita la convicción de ser él quien controla el proceso sobre el que no se atisba ningún tipo de obstáculo. Tampoco se observa que esta operación esté provocando algún tipo de controversia en la opinión pública, y la verdad es que desde mi punto de vista tiene unos agujeros tan grandes que merecen analizarse. En principio, me dedicaré a informar sobre el contenido del proyecto y a reflexionar sobre la filosofía que subyace en esta iniciativa, y en otra ocasióń me posicionaré sobre los aspectos relativos al cumplimiento de la legalidad.
Empecemos por decir que el traslado de la fábrica en cuestión es algo que va más allá de una mera transacción empresarial y que implica una operación urbanística de mucha envergadura que supone la recalificación de los aproximadamente 5.500 m2 de suelo que ocupa la actual fábrica. Tal recalificación consistiría en lo siguiente:
Cambio del uso productivo de nivel b a nivel d, lo que significa un cambio en el uso del suelo que permitiría actividades comerciales y deportivas. Hasta ahora solo era posible la actividad industrial.
También se produce un aumento considerable en la edificabilidad bruta, añadiendo 1.561 m2 de suelo edificable en planta, y aumentando en 2.479 m2 el suelo construido que se distribuye en espacios comerciales, aparcamientos, gimnasio y pistas de pádel.
Se señala la cesión de un espacio peatonal (810 m2) y la construcción de una pasarela para bicis y peatones que conectarían con la vía verde de Castro a Traslaviña salvando la rotonda, así como un espacio deportivo en la última planta del nuevo edificio de unos 1000 m2 (esto último no aparece en la documentación estudiada si bien así ha sido declarado por su promotor).
Cuadro de superficies según la memoria del borrador del modificado del Plan General del proyecto de traslado de la fábrica de Lolín. El cuadro que expone la propiedad es equívoco pues señala que la superficie actual es de 6.178 m2 cuando la superficie de suelo industrial según el Plan General es de 5.538 m2. La diferencia (640 m2) no es un error de medición como se dice en la documentación aportada por su promotor sino una detracción (apropiación) de suelo público.
La recalificación tiene su elemento más característico en la conversión de la fábrica de anchoas en un centro comercial y deportivo y se presenta como altamente beneficiosa para mejorar los usos de la zona, el tránsito peatonal, la economía, así como la generación de puestos de trabajo. Se afirma incluso que esto puede ser bueno para el comercio local. Es una manera de interpretar la realidad, aunque no coincide con la que yo mantengo una vez estudiados los documentos a los que he podido acceder (al final de este artículo se ofrece bastante documentación). Diré, no obstante, algo a favor de esta iniciativa: es imprescindible hacer urbanismo, debatir sobre urbanismo, y desde este quehacer plantear la posibilidad de que espacios como la fábrica de Lolín sean susceptibles de albergar otros usos. Pero también tengo que decir que el camino elegido siendo muy útil para su promotor no es el que conviene al Ayuntamiento. Para poder defender este planteamiento es preciso comprender el entorno en el que nos ubicamos. Desde el monte Cueto, se aprecia muy bien:
Foto tomada desde la cima del monte Cueto de la zona de Brazomar a finales de noviembre de 2016, en la que pueden observarse las cuatro fábricas que quedan en la zona.
El entorno de la fábrica Lolin (construida en el solar de la fábrica de Oleotécnica) es el del barrio de Brazomar, espacio que ha albergado la principal actividad fabril en el municipio desde finales de los años 50, y que ha sido acechado por el crecimiento urbano de Castro. Al lado de la fábrica de Lolín subsisten otras tres fábricas: Herrán y Díez, Asco Numatics y Ashland Chemical (esta última ya ha decidido su traslado a la zona industrial de Bizkaia). Esta zona va adquiriendo en los últimos años una vocación comercial tal como se constata con la instalación del híper DIA, el Bazar Chino Bazamar y el híper Eroski. Muy próximo hay otras dos grandes superficies comerciales (Netto y Lidl), y un polígono industrial (La Tejera) en el que se ubican pequeñas empresas comerciales y de reparaciones. Un colegio, dos gasolineras… En fin un mosaico de actividades que, desde mi punto de vista, reúne muchos contenedores con diferentes usos y un lamentable hábitat para peatones y ciclistas, con una pésima circulación, peor movilidad, y sin espacios comunes ni elementos que le den identidad vecinal o un espacio común de relaciones. Además hay algunas parcelas limítrofes sin edificar. En total unas siete hectáreas de superficie, que quizás debieran ampliarse a diez o quince, dependiendo de dónde queramos localizar nuestra área de estudio. No hace falta insistir en la importancia estratégica de esta zona para el desarrollo de la ciudad. Es un área con una topografía muy favorable para albergar diferentes usos, pero en la que se producen otras características muy relevantes a tener en cuenta:
Es la zona con mayor tensión del municipio en cuanto al tráfico al ubicarse en las rotondas de salida y entrada de vehículos en dirección a Bilbao, Sámano, La Loma, Mioño, Cotolino y la playa. La fábrica de Lolín se ubica al pie de dos rotondas. La zona es un obstáculo que entorpece la comunicación peatonal y ciclista entre Mioño, La Loma, y Sámano con el centro urbano, algo que repercute de forma muy desfavorable para la movilidad sostenible del municipio en general.
El conjunto presenta un elemento determinante para mejorar el hábitat y la calidad de vida de la zona: la ría de Brazomar. Recuperar la ría y configurarla como un espacio de uso y disfrute público preservando los valores ecológicos de este entorno debería ser el nexo de interés común para con ello mejorar la calidad ambiental del conjunto de la ciudad.
El traslado de las fábricas (las cuatro) es una oportunidad inmejorable para albergar otros usos públicos y privados que podrían revitalizar el conjunto. Ello permitiría planificar usos residenciales, comerciales y hoteleros, con un espacio aún notable para espacios y equipamientos públicos, articulando tales usos sobre el entorno de la ría.
Del resultado de planificar una gran porción de suelo (unas 7 hectáreas que podrían ser ampliables), frente a urbanización de una de sus fincas (unos 5.500 m2), se consigue que el Ayuntamiento pueda recibir una mayor cantidad de aprovechamiento y cesión de dotaciones y espacios públicos permitiendo con ello planificar mucho mejor el conjunto de la zona y articularla con las demás zonas del municipio.
Ortofoto del entorno fabril y comercial de la fábrica de Lolín en el que se aprecia la importancia de la red de comunicaciones entre el casco urbano con las periferias y las salidas a la autovía y núcleos urbanos menores del municipio, y la centralidad de la ría de Brazomar.
Hasta aquí el diagnóstico de la situación, sobre la que a buen seguro se podrán hacer matices, apreciaciones, o revocaciones de diferente índole, pero creo que en buena medida podemos estar de acuerdo, incluso desde cualquier posición política o ideológica. Cuando pensamos en el tejido industrial de Brazomar seguro que a muchos se nos representa el ejemplo de Bilbao, y su ejemplarizante transformación urbanística. La constitución de Bilbao Ría 2000 tras el desmantelamiento de la zona industrial de Abandoibarra podría ser un referente a tener en cuenta en el que es posible la colaboración público y privada y defender sin fisuras el interés general, porque en el fondo en la planificación de la ciudad no hay dilema entre el interés privado y público cuando es el Ayuntamiento quien toma las riendas.
Ello significa que el control sobre el proceso le corresponde al Ayuntamiento, no al dueño de una de las fábricas. Esa es la clave para que el urbanismo tenga consecuencias favorables para el interés general. La propia ley del Suelo establece que en los procesos de transformación urbana es válida tanto la iniciativa privada como la pública, pero la dirección del proceso debe ser siempre pública (art. 8.2 del RDL 7/2015 del texto refundido de la ley del Suelo).
Con el proyecto Lolín sucede lo contrario. Si no lo remedia el equipo de gobierno en el que CastroVerde tiene la competencia de Urbanismo es muy posible que se pierda una gran oportunidad y se recaiga en uno de los sucesivos errores que han teñido el urbanismo en nuestro municipio en los últimos cincuenta años: hacer prevalecer el interés particular sobre el interés general, o lo que es lo mismo, ceder el control del proceso urbano a la iniciativa privada. Eso es lo que sucede (tenemos un montón de ejemplos en el crecimiento urbano de los últimos años) cuando el espacio urbano se trocea para satisfacer los intereses de un propietario, promotor, o empresario, obviando la principal competencia urbanística que le corresponde a un municipio, es decir, la planificación de la ciudad para conseguir mejorar la calidad de vida del conjunto de los vecinos. De ello resultarán siempre beneficios (y cargas) para la parte privada, pero lo primordial es que el Ayuntamiento ponga sobre la mesa la opción más ventajosa para el interés público, algo que solo puede entreverse si se planifica desde la globalidad, atendiendo a todo el territorio, y no solo a la parte que afecta al dueño de un solar.
La obligación de cumplir con lo prometido: “Un urbanismo al servicio de la ciudadanía, no de intereses especulativos”.
El proyecto Lolín acaba de solventar el “trámite estratégico ambiental”. Según el itinerario marcado por su promotor a continuación se dará forma a un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento se comprometerá a tramitar el modificado del Plan General para justificar legalmente el cambio de uso de la parcela que precisa esta operación urbanística. Es el modificado del plan general nº 23. Hay que decir además que es el vigésimo tercer modificado de un plan general que no está siquiera adaptado a la ley del Suelo de Cantabria.
El equipo de gobierno formado tras el pacto CastroVerde – PSOE lanza un mensaje a la ciudadanía en el que pretende “implantar una nueva forma de gobernar, basada en la ética, el servicio al ciudadano, la búsqueda del interés general, la transparencia y la participación ciudadana”. Una nueva forma de gobernar, o si se prefiere un nuevo modelo de gobernanza, implica otro modo de hacer urbanismo, algo parecido a lo que CastroVerde (responsable del Urbanismo) declaraba en su programa electoral: “Un gobierno para reconducir la situación del urbanísimo y regenerar la política urbanística de nuestra ciudad, un urbanismo al servicio de los ciudadanos no de los intereses especulativos”. En el nuevo modelo de gobernanza que se predica lo fundamental es que se cumplan los pactos adquiridos con la ciudadanía. Esto es justamente lo que a mí y a muchas personas que fundamos CastroVerde nos animó a apoyar e impulsar este proyecto. Por lo tanto, aquí no hay dilema entre el interés privado y el interés público, el dilema, el auténtico dilema, es cumplir con lo que se dice. Y este es un dilema que si se quiere se resuelve bien, pues sólo cabe una dirección posible, la de tomar medidas para hacer aquello que fue prometido.
Y eso es lo que reclamo: que el Ayuntamiento tome las riendas del Urbanismo, que los planes urbanísticos, como el que nos ocupa, vayan acompañados de la necesaria transparencia, y de la participación ciudadana que predica un nuevo estilo de gobierno. Eso significa convocar a ciudadanos, profesionales, asociaciones. Abrir espacios de debate y de participación. Estudiar fórmulas que propicien una mejor relación entre los espacios públicos y privados, la evaluación de las necesidades sociales, la gestión del espacio común, la previsión de espacios para equipamiento públicos y zonas verdes. Gobernanza y política urbana en la que se defienda el interés público.
Quizás, resultado del necesario debate sobre el futuro de la ciudad y sobre el urbanismo lleguemos a la conclusión de que los convenios urbanísticos con particulares han resultado ser un pésimo negocio para los intereses municipales, y que lo que urge ahora es repensar la ciudad, diseñar el futuro del municipio, reflexionar sobre lo que nos interesa y sobre lo que queremos, y cuando lo tengamos claro hacer lo que toca: revisar el Plan General y que el Ayuntamiento tome la iniciativa sobre el futuro del municipio.
Juantxu Bazán, 5 de enero de 2.017.
Información obtenida en periodo de información pública en la Dirección General de Urbanismo, el pasado 30 de noviembre, en el que pude ver la documentación que acompaña al Informe Ambiental Estratégico y fotografiar algunos documentos que lo acompañan.
Hace treinta años nació el Movimiento Slow en Italia como un acto de indignación, de protesta ante la inauguración de un restaurante de la cadena Mc Donald’s, en la piazza di Espagna de Roma. A partir de ese momento el Movimiento Slow, simbolizado por el caracol, se extendió muy despacio por Italia y luego al resto del mundo predicando el control de las personas de su propio tiempo, promoviendo una vida lenta, una vida sana y tranquila, el apoyo a la gastronomía local y el respeto por la naturaleza. En este mismo periodo la cadena Mc Donald’s se ha extendido por todos los continentes de manera fulgurante generando altísimos beneficios para la multinacional y propagando su filosofía: comer rápido y comer barato. Es decir, comer mal.
En Castro se inaugura dentro de unos días un establecimiento de la cadena Mc Donald’s, el Mc Auto de la rotonda de Brazomar. Este tipo de establecimientos, los macautos, añaden a los hábitos de comer rápido la arriesgada decisión de no detenerse mientras se viaja, o la impagable contribución de ser el cliente el que acude al proveedor para llevarse sus hamburguesas a casa sin salir del coche, preparadas para comer. El nuevo McDonal’s se localiza en un lugar estratégico, muy visible y accesible a los vehículos motorizados, justamente a la entrada y salida del casco urbano, en el cruce de carreteras que dan acceso a la autovía A-8, a la carretera de Sámano, al centro urbano, a la playa, y a la N-634. Esa rotonda, ahora dominada por la imagen del Mc Donald’s, es probablemente el lugar que almacena mayor tensión en cuanto a tráfico se refiere de todo Castro Urdiales, y a nadie le ha parecido contraproducente que un Mc Donald’s justamente ahí, al pie de la rotonda, a pesar del riesgo y de las dificultades de tránsito. Mc Donald’s añade estrés en una zona ya estresada.
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Mc Donald’s llega a Castro con el distintivo de ser el primer Mc Auto de Cantabria un año y medio después de la inauguración del Burger King en el centro histórico de Castro Urdiales. Este establecimiento ocupa los bajos de uno de los edificios más sobresalientes y mejor ubicados del centro histórico de Castro Urdiales, la casa de Isidra del Cerro, frente al parque de la ciudad y a unos metros de la bahía de Castro Urdiales. Mc Donald’s perfectamente visible en la entrada de la ciudad, y Burger King en el mejor edificio del ensanche histórico. Las multinacionales de la “fast food” se ubican estratégicamente en el espacio urbano haciendo patente su opulencia. Castro Urdiales se convierte así en plataforma de las encarnizadas luchas de competencia entre las dos grandes multinacionales de la comida rápida (para muchos “comida basura”, o “comida chatarra”), desterrando cualquier posibilidad de acercarse al movimiento slow como ya han hecho las cercanas villas vizcaínas de Munguía, Lekeitio o Balmaseda.
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Nunca he comido en un Burger King, ni tampoco en un McDonald’s, a pesar de que mis hijos cuando eran pequeños a veces me lo reprochaban con resignación. Mantengo la convicción de que hay cosas en las que no debe cederse, y si, en cambio, resistir a la imponente acción del marketing en la que los niños son precisamente los más vulnerables. Al margen de la literatura negra que versa sobre la mala calidad de la comida que se expende en estos locales, siempre me han parecido de una estética gritona, muy incómodos para compartir un rato agradable con quien sea. La uniformidad y la mediocridad de sus menús me producen aburrimiento, y creo que las familias deberían estar mejor informadas de lo que se cocina en estos locales. Sé que, como casi siempre, navego a contracorriente, y es imposible detener una fiebre por consumir barato algo que a la gente le parece bueno. Hay que advertir que estamos muy condicionados por aquello que comemos, y si estuviéramos más informados, quizás aquello que nos parece bueno y barato resulte ser malo y caro… caro para la salud. Estas grandes cadenas norteamericanas invierten muchísimo dinero en campañas de marketing y publicidad para transmitir a sus consumidores que una hamburguesa Big Mac está deliciosa antes de comérsela, y sus productos están diseñados de tal manera que después de comérsela seguirá pensando que su hamburguesa Big Mac era efectivamente tan deliciosa como parecía en la imagen publicitaria, y así de buenos nos parecerán también el Big Chicken, o el monumental Double Whopper. Si Burger King dice que su carne procede 100% de carne de vacuno, no tenemos por qué sospechar lo contrario pues es lo que reza en su publicidad, y ello es garantía de certeza, y así lo creemos.
Pero deberíamos pensar en lo que no se dice: las partes del vacuno que nutren la super hamburguesa, las condiciones de crianza de los pollos que componen sus famosos nuggets y ensaladas, y las condiciones de almacenamiento y conservación de sus carnes, vegetales y salsas. Unas buenas patatas fritas tienen dos ingredientes: patatas, aceite (y sal si se quiere). Las de Mc Donald’s tienen catorce ingredientes, entre ellos varios aceites de muy bajos costes modificados genéticamente, y aditivos para añadir sabor, además de conservantes que pueden ser muy nocivos para la salud, como por ejemplo el pirofosfato ácido de sodio, “una sal comestible fosfórica que evita la decoloración de los alimentos, como en las patatas crudas, y en este caso se utiliza para mantener el color de las patatas fritas más tiempo” (1). ¿Alguien puede decirme por qué Mc Donald’s necesita mantener el color de las patatas fritas más tiempo? Lo digo por si acaso: porque necesita hacernos creer que sus patatas fritas son realmente buenas.
La comida es uno de los principales momentos de la vida y debiera vivirse con tranquilidad. Presiento que Mc Donald’s y Burger Kings lo están llevando al terreno de la banalidad: comer cuanto antes para que los niños se pongan a jugar con el payaso, el regalo sorpresa, o los videojuegos. Todos los vicios de la mala educación que queremos evitar en el hogar en Mc Donald’s están permitidos. Observo muchas veces al pasar los comedores del Burger King bastante concurridos, sin duda nº 1 durante el último año en las preferencias de consumo de comida rápida para muchas pandillas de jóvenes, parejas y familias con niños pequeños. Auguro un éxito similar en el macauto de Mc Donald’s, ahora su competencia directa. Así que por mucho que me empeñe, la cultura del estrés y del malcomer se impone en mi ciudad que ya nunca será una ciudad lenta.
La instalación de una gasolinera en el casco urbano de un municipio no puede ser resultado de la estrategia comercial del hipermercado.
Eroski y Ayuntamiento deberían modificar el convenio urbanístico en la dirección de objetivos más acordes con la cooperativa Eroski y con el interés público.
Confieso. Escribir sobre gasolineras me produce una pereza solo comparable a la percepción de que lo que aquí diga no le va a interesar a casi nadie. Pereza, y también inquietud. Como cuando repostamos en una estación de servicio. Echar gasolina al coche es un fastidio, un trámite necesario para nuestros desplazamientos, una jodienda. Echamos gasolina, pagamos un precio excesivo y salimos pitando a la carretera. Las gasolineras son espacio y tiempo de nuestra vida cotidiana, el peaje de nuestra forma de vivir, surtidor del combustible que mueve el mundo en una dirección incierta e insostenible para la humanidad. Repostamos, contaminamos, consumimos… y luego volvemos a repostar.
No voy a negar que en las gasolineras se cumple una de las condiciones para hacer viables nuestros desplazamientos al trabajo, al ocio, a la familia, al hospital… Pero también es cierto que tales desplazamientos serían posibles con otras fuentes de energía, y con otros hábitos en el transporte que nos permitan transitar hacia otro modelo energético en el que las gasolineras se conviertan en una reliquia de la era industrial petrolera, o acaso en espacios transformables para dar servicio a vehículos movidos por energías renovables y autosuficientes. Pero mientras tanto es menester ocuparse de las gasolineras. Por ello es importante conocer y reflexionar sobre lo que acontece en un asunto tan inflamable como el de la gasolinera de Eroski en Castro Urdiales.
Inexistente regulación de las gasolineras en los cascos urbanos de los municipios.
Partimos de una legislación muy permisible. La legislación estatal regula las condiciones técnicas y de seguridad para la instalación de una gasolinera pero la normativa sobre su ubicación, y las normas ambientales para atenuar los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de este tipo de instalaciones son inexistentes. Ni siquiera la legislación urbanística menciona las condiciones de uso y planificación. Hay que remitirse, por tanto a lo que digan los planes generales de ordenación de cada municipio para saber a qué atenerse. Algunos municipios establecen la obligación de que las estaciones de servicio se ubiquen a una distancia mínima de 100 m. de las viviendas o edificaciones, otros hablan de 50 m. El Plan General de Ordenación de Castro Urdiales no dice nada al respecto, si bien se establece la prohibición de construir gasolineras en suelo residencial, algo que parece bastante obvio.
En estas circunstancias, en nuestro municipio podríamos tener un número ilimitado de gasolineras, y su instalación, por ejemplo en el casco urbano, quedaría al albur de las exigencias del mercado. Lo cierto es que en Castro Urdiales existen en la actualidad cinco gasolineras en servicio. Una en Islares, en la carretera N-634 (a 8 kms. del centro urbano dirección Santander); otra en El Haya, en la CN-634 (a 9 kms. dirección Bilbao); y tres en casco urbano. Entre las urbanas, una de ellas está sin calificar por el Plan General, y es producto de una concesión extinguida; se localiza en suelo residencial del centro urbano de Castro, contraviniendo por tanto las normas urbanísticas del Plan General. La segunda está en el barrio de Brazomar, también lindando con la N-634. La gasolinera de Eroski es por tanto la tercera gasolinera en casco urbano, y se sitúa a 450 m. de la gasolinera de Brazpmar. Las tres gasolineras urbanas conforman entre sí un triángulo de unas 40 hectáreas, y entre las que más distan apenas hay dos kilómetros:
Las tres gasolineras del casco urbano de Castro en los vértices del triángulo.
Esta tercera gasolinera, situada en los aledaños del casco urbano, se ubica en el centro comercial del hiper Eroski y no es resultado de la planificación municipal, sino de la estrategia comercial de Eroski. Quiero decir con esto que a Eroski le interesa tener una gasolinera a 50 m. a la entrada de su centro comercial pues con ello el consumidor añadirá a la compra semanal el repostaje del vehículo con precios más bajos que sus oponentes, las gasolineras de Repsol que, dicho sea de paso, tienen el combustible más caro del mercado. Magnífico negocio para Eroski. Sin embargo, a la hora de autorizar una instalación como una gasolinera deben apreciarse otras circunstancias más allá de los intereses de Eroski, y también más allá de los intereses de sus clientes. Y estas circunstancias no son otras que el cumplimiento de la legalidad, la potestad de planificación del Ayuntamiento, y el máximo respeto a la seguridad y al medio ambiente. Pues bien, nada de esto se cumple en la construcción de la gasolinera de Eroski, cuyo itinerario almacena una historia bastante rocambolesca.
El recinto de la gasolinera delimitado por una línea discontinua en rojo, dentro de la parcela de Eroski.
El Ayuntamiento y Eroski firmaron un convenio urbanístico en el 2001 de imposible cumplimiento por ser la parcela zona inundable.
Todo viene a cuenta de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales y la cooperativa ErosKi en el año 2001. En él se establecía la construcción de un híper en las instalaciones de la antigua fábrica Propersa, comprometiéndose Eroski a la construcción de una galería comercial para dar cabida a los comerciantes castreños además de una zona de ocio, minicines, y servicios del automóvil. Y también una gasolinera. Todo en la parcela propiedad de Eroski que gana con este convenio un aumento considerable del aprovechamiento urbanístico al recalificar la parcela de uso industrial a comercial. El Ayuntamiento se comprometía a aprobar el modificado del Plan General, el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización, condiciones para autorizar los usos previstos en el convenio urbanístico. A finales de 2003, una vez aprobado el modificado del Plan General, se abre el hipermercado, y seguidamente se pone en marcha la gasolinera. Todo sin licencia de obras, ni Estudio de Detalle, ni Proyecto de Urbanización, ni leches. Una sentencia del tribunal de lo contencioso del año 2009 (tras recurso impuesto de la Asociación de Gasolineras de Cantabria) declara ilegal el híper y la gasolinera, y esta última se cierra por haberse construido sin el Estudio de Detalle ni Proyecto de Urbanización, instrumentos que finalmente se aprueban en el año 2015. Es decir, la gasolinera estuvo funcionando durante seis años de forma ilegal. Hace tan solo un mes ha querido volverse a abrir, tras la firma de un modificado del convenio, y sin embargo el Ayuntamiento la ha paralizado por no tener las autorizaciones correspondientes (1). Ya les dije que la historia era bastante rocambolesca. Pero hay más.
Vista parcial de la gasolinera de Eroski prácticamente terminada de construir y lista para su reapertura. Foto de 18 de agosto de 2016, unos días después de paralizarse la obra.
En el modificado del convenio que está pendiente de aprobación definitiva, tras ser sometido a información pública, se reconoce que la ampliación de la zona comercial “está pendiente hasta que se solucione por parte de las administraciones competentes el problema de la inundabilidad que afecta a la unidad”. Esto se dice como de rondón: “¡hasta que se solucione el problema de la inundabilidad!”. Como si la inundabilidad fuera un fenómeno que dependiera de las administraciones. Esto es poco serio. Lo que si depende de las administraciones es su propia memoria. Quiero decir, que si las administraciones saben que en la parcela hay un problema de inundabilidad este no es asunto que deba caer en el olvido. El Ministerio de Medio Ambiente publica el mapa de zonas inundables de todas las cuencas hidrográficas de España, y la parcela de Eroski se encuentra en zona de policía inundable del río de Sámano.
Uno de los mapas de inundabilidad que publica el Ministerio de Medio Ambiente en relación con la cuenca hidrográfica del río de Sámano, en este caso es una reproducción del mapa de peligrosidad por inundación fluvial a diez años. Los mapas con riesgo para la población por inundación, o el del área de importancia medioambiental de origen fluvial, son casi idénticos al que se reproduce sobre estas líneas.
En azul, la zona inundable que se extiende sobre buena parte del aparcamiento y una parte de la gasolinera (trazo en rojo) afectando a la zona en la que están instalados surtidores y depósitos de combustible. La planta rectangular se corresponde con el actual hiperEroski.
A la vista de los mapas de inundabilidad parece obvio que ni la galería comercial, ni la gasolinera, ni ninguna otra edificación pueden estar enclavadas en zona inundable. En el caso de la gasolinera la zona inundable afecta a la mitad de su superficie. Sería una temeridad construir este tipo de instalaciones que almacenan sustancias peligrosas y contaminantes en zona inundable, y espero que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se pronuncie con claridad sobre esta cuestión.(2)
Un nuevo convenio urbanístico con objetivos en la dirección de mejorar el medio ambiente, la promoción de la cultura y los intereses de los consumidores.
Hay más cuestiones que afectan a la legalidad de la gasolinera y al convenio urbanístico (incumplimiento del plan general, inexistencia de trámite ambiental, falta de documentación, falta de autorización de la Confederación Hidrográfica, irregularidades en el trámite de información pública…) pero no me extenderé más, y quien quiera ampliar información dejoun enlace de las alegaciones presentadas al modificado del convenio urbanístico hace dos semanas. Tan solo diré que me parece irresponsable que se pretenda ocultar que la gasolinera de Eroski se ha construido en buena parte sobre zona inundable, y que esto no tenga ningún tipo de consecuencia. Me lamento mucho de escribir todo esto a sabiendas de que en el Ayuntamiento de Castro gobierna mi propio partido, CastroVerde, y que la parte afectada es una cooperativa de consumo, con finalidades sociales plausibles. Pero en esta ocasión ni Ayuntamiento ni Eroski han estado, desde mi punto de vista, a la altura de la expectativas, tratando de sellar con un modificado del convenio urbanístico algo que no tiene ni pies ni cabeza.(3).
Siendo como es Eroski una cooperativa en la que prima la responsabilidad social, y en la que la protección de los consumidores y del medio ambiente, así como la promoción de la cultura forman parte de sus señas de identidad, no entiendo el empecinamiento de empotrar en su parcela un gasolinera ilegal, inundable e irresponsable. Caben otro tipo de objetivos que satisfagan a ambas partes, en la dirección justamente de la protección del medio ambiente. Disponer de un gran espacio de aparcamiento en zona periurbana, la proximidad del río Sámano, deberían ser elementos para inspirar otros acuerdos para modificar un convenio que permita mejorar el entorno del río de Sámano, favorecer la movilidad sostenible entre el casco urbano y Sámano, además de impulsar la divulgación de la cultura, el deporte, la calidad del consumo, y, aunque parezca contradictorio, la promoción del comercio local y de los productos de proximidad.
¿Y aquellos minicines que se prometieron en el convenio de 2001? Pues de los minicines como diría mi admirado Groucho: “¡y también dos huevos duros!”.
(1) La gasolinera de Eroski se abre al público el 22 de septiembre de 2016.
(2) La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mantiene posiciones contradictorias. Por un lado recuerda al Ayuntamiento que la zona es inundable, y por otro, informa favorablemente al Estudio de Detalle en el que se enclava la gasolinera. estoy pendiente de que la CHC aclare esta cuestión.
(3) El convenio urbanístico fue finalmente aprobado por el pleno del Ayuntamiento con los votos a favor de CV, PSOE, PP, MAS, y la abstención del PRC.
Contestación dada al escrito de alegaciones tras la aprobación definitiva del modificado del convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Eroski en sesión del pleno de 25 de octubre de 2016:
Contestación dada a escrito dirigido a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el que se confirma que la UE 1.75 en la que se ubica la gasolinera de Eroski es ZONA INUNDABLE y que por tanto sus usos quedan limitados a lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y del art. 55 del RD del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental:
Artículo 55. Limitaciones a los usos en la zona de policía inundable.
De conformidad con el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de lo que establezcan los planes de gestión del riesgo de inundación definidos en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de inundación, independientemente de la situación básica de suelo de los terrenos con riesgo de inundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2.a) del texto refundido de la Ley de Suelo, en los apartados siguientes se establecen las limitaciones en el uso de la zona de policía inundable.
De conformidad con el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico en la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico los usos y actividades permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona. Consecuentemente, con carácter general en esta zona no podrán ser autorizados:
a) Garajes y sótanos. b) Las acampadas, en ningún caso.
c) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso, incluyendo centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales.
d) Obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación o el cambio de uso de edificaciones existentes que comporten un aumento de la vulnerabilidad frente a las avenidas, a excepción de las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de muro de fábrica de cualquier clase.
f) Rellenos y acopios de materiales o residuos de todo tipo, máxime cuando puedan ocasionar una reducción significativa de la sección de desagüe, provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y/o flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje y puentes.
g) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico.
Juantxu Bazán 