Si estamos de acuerdo en que el reparto de trabajo es una idea razonable, la cuestión que debemos resolver es cómo hacerla viable.
De entrada debemos desterrar cualquier planteamiento que signifique quitarle a unos para dárselo a otros. Si consideramos que el reparto de trabajo es una oportunidad por la que desempleados entran en el mercado laboral ocupando las funciones de trabajadores que desean trabajar menos, no deberían darse demasiados problemas, tan sólo hay que ponerse de acuerdo en cómo hacerlo.
Es aquí cuando la Administración debe tomar el protagonismo que se espera de ella, en un momento en el que el paro es la mayor preocupación ciudadana que exige la aplicación de políticas sociales dirigidas a la creación de empleo. Si la medida de reparto de trabajo es socialmente beneficiosa, debe ser apoyada desde la Administración, concretamente desde los Servicios Públicos de Empleo, estatales y autonómicos, mediante un programa que permita regular de forma paritaria y jurídicamente coherente el reparto de trabajo, es decir, a través de un programa de promoción del empleo en el que se regulen los incentivos que puede recibir el trabajador y el empresario que voluntariamente se acojan al programa.
Volvamos a nuestra hipótesis en la que varios trabajadores de una empresa deciden reducir su jornada en un 20%, estando el empresario de acuerdo. Como ya se ha dicho, el coste de reducción salarial debe servir para financiar los costes laborales de los nuevos contratos.
Leer más…